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Números de teléfono que no contestan. cita para poner huellas meses. Otras que solo se pueden conseguir pagando. Trámites telemáticos complejos. Expedientes de forma permanente “en estudio”. Oficinas cerradas, las abiertas con una plantilla a la mitad y la otra mitad teletrabajando. Efectuar muchos trámites administrativos en Barna, en especial los relacionados con la Seguridad Social, extranjería y registro civil, tras la covid-19, requiere armarse de paciencia. También hay retrasos en servicios de la Generalitat y del Municipio.
En las puertas de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social o en las del SEPE son los guardas de seguridad los que controlan el acceso al interior. Lo hacen lista en mano, franqueando el paso a quienes tienen cita previa. “Hay que entrar en la web muy pronto, a las siete de la mañana, por el hecho de que cuando se terminan las citas que se pueden dar, el sistema se cierra”, explica uno de ellos en la puerta de una oficina del SEPE del centro de Barcelona. ¿Y cuántas citas se dan para un día? “Unas 20”, responde. “Yo lo he intentado cientos de veces y no hay manera”, responde una mujer enfadada.
Pero no solo es con las tramitaciones del desempleo. el informe de la vida laboral, la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), las peticiones del NIE, empadronamientos, juras, los subsidios de las empleadas de hogar… Ir en pos de información a cualquiera de las oficinas del INSS sirve para poco. En la del Arc del Teatre, una usuaria se debe conformar con un papel que le da el guardia de seguridad con una dirección web. “Las escuelas están abiertas, la gente ha vuelto a trabajar, ¿por qué razón no abren las oficinas?”, masculla.
“Se les ha desbordado el sistema. El cierre de oficinas por falta de personal con la intención de implantar la administración electrónica y la política general de atención solo con cita anterior no está funcionando con la pandemia. Se está creando mucha tensión porque las citas anteriores se retardan hasta 3 meses”, explica Aurora Rodes, de la comisión laboral del Instituto de Gestores.
Incluso a los propios gestores, que . “Todos los trámites de extranjería ya eran problemáticas pero ahora es que son embrolladas. Ciertos locutorios colapsan el sistema para solicitar las citas previas desde las 3 de la mañana. Hay personas que han pagado 200 euros para tener un número de cita previa. Es una práctica mafiosa totalmente ilegal que queremos tratar con la delegación de Gobierno, que debe poner remedio”, agrega. Una realidad que no le consta a la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, que esta semana aseguró que eso “se dice”, pero que no tienen perseverancia y que actuarían si tuvieran conocimiento.
Lo cierto es que hasta se ofertan por Wallapop: “Ayudo a buscar citas para huellas y renovación para el NIE. Busco por todas y cada una de las provincias de España”. El “servicio” se oferta por cincuenta euros con un número de móvil para contactar.
La tramitación de proyectos y de licencias de obras o bien visados tampoco se está escapando a la mayor lentitud de la contestación de las administraciones. “Cuanto más pequeña es la urbe o bien la localidad, la contestación es más diligente que en las grandes, donde se nota más el parón o bien el cambio en la manera de teletrabajar”, explica Arcadi Viñas, secretario técnico del Colegio de Arquitectos de Cataluña. En el caso de Barcelona, los arquitectos apuntan que ahora es más bastante difícil la interlocución directa con los técnicos. Si bien la enorme mayoría de las tramitaciones se hace telemáticamente, en alguna localidad les han pedido, asimismo, físicamente la documentación que después ha guardado cuarentena.
Parte de la complejidad para la obtención de los trámites es que telemáticamente no son claros o bien de manera directa inalcanzables para una población que, o no tiene recursos como un computador, o no tiene capacidad para comprender los procedimientos. Como en la trágica película Yo, Daniel Blake —una crítica fiero del director Ken Loach sobre el funcionamiento de los servicios sociales británicos—, hay centenares de usuarios que se ven impotentes y recurren a quien pueden. Muchos solicitan ayuda a las entidades sociales. “Hay ya una exclusión digital tanto en recursos como en competencias con procedimientos online que no son sencillos. Nos llegan desesperados”, explica Lidia Solè de la Fundación Salut Alta, que se encargan de muchos trámites.
Las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) denuncian que y subsidios a consecuencia de la pandemia. “Hay mala planificación y los circuitos no marchan. Hay solicitudes del mes de mayo del Ingreso Mínimo Vital que todavía no se han resuelto. La lentitud de todo está haciendo perder ocasiones a gente que encuentra trabajo”, desgrana Sira Vilardell, una de las directivas de ECAS que alarma de la brecha digital.
La extrema lentitud no es solo de la Administración central. Empadronarse en las oficinas municipales puede costar hasta 3 meses. Las entidades destacan que la Renta Garantizada de Ciudadanía, que tramita la Generalitat, también retrasa las citas previas hasta 3 meses. Exactamente el mismo plazo que hace falta ahora para comenzar un expediente de matrimonio en el Registro Civil de Barcelona, donde están señalando juras —un trámite que se tiene que hacer para conseguir la nacionalidad española— para dos mil veintiuno, explica Juan Pablo, un gestor que espera su turno para entrar en el Registro. 2 colas se forman a diario ante las puertas del edificio de Plaza de Medinaceli: los que pueden entrar sin cita anterior —los menos, para inscribir nacimientos y defunciones— y la otra, con cita previa, que puede llegar a Correos. “Hasta hay peleas a veces”, se protesta el guardia de seguridad de la puerta.
La percepción generalizada es que lo que depende de la Administración central marcha peor que lo que es gestionado por la Generalitat. Conforme el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión, el cincuenta y cinco con cuatro por ciento de los preguntados piensa que la Administración pública del Estado es mala o bien malísima, frente al 37,5 por ciento que opinan lo mismo cuando se pregunta sobre la catalana.
algo que se puede apreciar de una ojeada cuando se logra entrar. En las oficinas del INSS de Barna trabajan ochocientos setenta y cuatro funcionarios, según datos facilitados por esa Administración. De ellos, “la mayor parte”, según un portavoz, lo hacen de forma presencial. En lo que se refiere a si existe algún control del rendimiento de los que teletrabajan, exactamente la misma portavoz resalta que no se imponen mínimos de tramitaciones “porque la casuística es variadísima y hay medios del control del rendimiento pues las herramientas de trabajo a distancia están monitorizadas”.
La Administración de la Seguridad Social reconoce que no se dan tantas citas previas como anteriormente de la pandemia, algo que obedece a “que tienen que ser más espaciadas para eludir cualquier peligro sanitario”.
La percepción que tienen los trabajadores de la Administración central es muy diferente. De entrada, los sindicatos mayoritarios apuntan que la mitad del personal prosigue teletrabajando. Y denuncian que las disminuciones de las plantillas, que arrastran desde los últimos años, no ha hecho más que agudizar la situación en la pandemia: “Hay organismos que no están preparados y no tenemos los bastantes recursos tecnológicos, mas lo más grave es que se ha retrasado la incorporación de nuevos trabajadores”, explica Neus Moreno, de CC OO. “Si hay nuevos derechos para la ciudadanía y exactamente los mismos funcionarios, está claro que se colapsa todo”, agrega.
Cree asimismo que es evidente la dificultad de muchos procedimientos telemáticos, tanto para el ciudadano que hace un trámite para el propio funcionario, y mantiene que es a la Administración a quien le corresponde solucionarlo. Además de esto, se trata de una plantilla en una gran parte con edades superiores a los 60 años: en el caso del SEPE son el 15 por ciento del personal y un 22 por cien entre los de la Seguridad Social.
Los planes del Gobierno central de que dos millones de empleados públicos trabajen desde sus casas de forma definitiva puede complicar aún más el panorama. Los sindicatos apuntan que los recursos materiales no son los convenientes y que las herramientas informáticas con las que han trabajado a lo largo de la pandemia son frágiles.
En el caso de la plantilla de funcionarios de la Generalitat, desde CC OO se reconocen “incidencias” para tener cita previa para el servicio de ocupación (SOC) porque algunas de las oficinas están cerradas, en tanto que no cumplen los requisitos de seguridad. En contraste a los primeros meses de la pandemia, con un setenta y cinco por cien de la plantilla teletrabajando, ahora apuntan que es una tercera parte.
Jubilaciones/ERTE. María afirma que vive en un bucle desde hace un par de meses en los que procura hacer una consulta sobre su jubilación: “Vas a el sitio web, donde procuras aclararte para tener una cita previa y asimismo hay un teléfono. No hay forma. El día de hoy, ya cansada, he venido a la oficina [la de Pare Claret] para ver qué me afirmaban y me han ante este papel con un Código QR para gestionar la cita previa por medio de una aplicación. Desde junio estoy intentando, además, contactar con el SEPE a fin de que me dejen de abonar el ERTE porque ya trabajo. Ha habido días que he estado media hora al teléfono contestando a un robot y tampoco lo he conseguido. El gestor también lo comunicó, pero nada”.
Prestación paternidad. Toni se dirigió a una oficina de la Seguridad Social de Barna en agosto y le explicaron que debía solicitar telemáticamente la cita previa: “Necesitaba asimismo el certificado digital y me indicaron que debía hacer presencialmente un trámite en una oficina, lo que me sorprendió. Me dieron cita anterior telefónica, para el 29 de septiembre. Me llamaron un día ya antes, no vi la llamada y ahora me han pospuesto la cita telefónica para el 14 de octubre. Y ya van a ir un par de meses sin cobrar”.
Número de la Seguridad Social. Se requiere en cualquier oferta de trabajo. Edwin lleva un par de meses intentado hacer ese trámite: “Al principio me dieron un número pero no respondían nunca. Me han prorrogado la tramitación de la solicitud del derecho de asilo hasta junio del próximo año y con ese sello, teóricamente, ya podría hacer el trámite. Tengo la cita telefónica para el 7 de octubre pero no sé si aguantará la oferta de trabajo”, explica.
Permiso de residencia. Steven está en la cola de una oficina de extranjería del camino de Sant Joan para recoger el pasaporte. Le han denegado el asilo y ahora quiere gestionar el permiso de residencia: “No hay forma de lograr una cita anterior, es imposible contactar telemáticamente para hacerlo. Me afirman que si voy a algunos locutorios y pago, lo lograré. Me resisto a hacerlo mas no sé...”