from web site
Números de teléfono que no responden. Citas previas que se retardan meses. Otras que solo se pueden conseguir pagando. Trámites telemáticos complejos. Expedientes de manera permanente “en estudio”. Oficinas cerradas, las abiertas con una plantilla a la mitad y la otra mitad teletrabajando. Efectuar muchos trámites administrativos en Barcelona, en especial los relacionados con la Seguridad Social, extranjería y registro civil, tras la covid-19, requiere armarse de paciencia. También hay retrasos en servicios de la Generalitat y del Municipio.
En las puertas de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social o en las del SEPE son los guardias de seguridad los que controlan el acceso al interior. Lo hacen lista en mano, franqueando el paso a las personas que tienen cita anterior. “Hay que entrar en la página web muy pronto, a las 7 de la mañana, por el hecho de que cuando se acaban las citas que se pueden dar, el sistema se cierra”, explica uno de ellos en la puerta de una oficina del SEPE del centro de Barcelona. ¿Y cuántas citas se dan para un día? “Unas 20”, responde. “Yo lo he intentado cientos y cientos de veces y no hay manera”, contesta una mujer disgustada.
Pero no solo es con las tramitaciones del desempleo. el informe de la vida laboral, la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), las peticiones del NIE, empadronamientos, juras, los subsidios de las empleadas de hogar… Ir en busca de información a cualquiera de las oficinas del INSS sirve para poco. En la del Arc del Teatre, una usuaria se debe conformar con un papel que le da el guardia de seguridad con una dirección web. “Las escuelas están abiertas, la gente ha vuelto a trabajar, ¿por qué no abren las oficinas?”, masculla.
“Se les ha desbordado el sistema. El cierre de oficinas por carencia de personal con la pretensión de implantar la administración electrónica y la política general de atención solo con cita anterior no está marchando con la pandemia. Se crea mucha tensión por el hecho de que las citas previas se demoran hasta 3 meses”, explica Aurora Rodes, de la comisión laboral del Instituto de Gestores.
Incluso a los propios gestores, que . “Todos los trámites de extranjería ya eran problemáticas pero ahora es que son caóticas. Algunos locutorios colapsan el sistema para pedir las citas previas desde las tres de la mañana. Hay personas que han pagado 200 euros para tener un número de cita previa. Es una práctica mafiosa totalmente ilegal que queremos tratar con la delegación de Gobierno, que debe poner remedio”, añade. Una realidad que no le consta a la encargada del Gobierno, Teresa Cunillera, que esta semana aseguró que eso “se dice”, mas que no tienen perseverancia y que actuarían si tuviesen conocimiento.
Lo cierto es que hasta se ofertan por Wallapop: “Ayudo a buscar citas para huellas y renovación para el NIE. Busco por todas las provincias de España”. El “servicio” se oferta por 50 euros con un número de móvil para contactar.
La tramitación de proyectos y de licencias de obras o bien visados tampoco se está escapando a la mayor lentitud de la respuesta de las administraciones. “Cuanto más pequeña es la ciudad o la localidad, la respuesta es más diligente que en las grandes, donde se aprecia más el parón o bien el cambio en la forma de teletrabajar”, explica Arcadi Viñas, secretario técnico del Instituto de Arquitectos de Cataluña. En el caso de Barna, los arquitectos apuntan que ahora es más difícil la interlocución directa con los técnicos. Aunque la enorme mayoría de las tramitaciones se hace telemáticamente, en alguna localidad les han pedido, también, físicamente la documentación que después ha guardado cuarentena.
Parte de la dificultad para la obtención de los trámites es que telemáticamente no son claros o bien de forma directa inaccesibles para una población que, o bien no tiene recursos como un PC, o no tiene capacidad para entender los procedimientos. Como en la trágica película Yo, Daniel Blake —una crítica feroz del director Ken Loach sobre el funcionamiento de los servicios sociales británicos—, hay centenares de usuarios que se ven impotentes y recurren a quien pueden. Muchos solicitan ayuda a las entidades sociales. “Hay ya una exclusión digital tanto en recursos como en competencias con procedimientos online que no son fáciles. Nos llegan desesperados”, explica Lidia Solè de la Fundación Salut Alta, que se hacen cargo de muchos trámites.
Las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) denuncian que y subsidios a consecuencia de la pandemia. “Hay mala planificación y los circuitos no marchan. Hay solicitudes del mes de mayo del Ingreso Mínimo Vital que todavía no se han resuelto. La lentitud de todo hace perder ocasiones a gente que halla trabajo”, desgrana Sira Vilardell, una de las directivas de ECAS que alerta de la brecha digital.
La extrema lentitud no es solo de la Administración central. Empadronarse en las oficinas municipales puede costar hasta 3 meses. Las entidades subrayan que la Renta Garantizada de Ciudadanía, que gestiona la Generalitat, asimismo retrasa las citas anteriores hasta tres meses. Exactamente el mismo plazo que hace falta ahora para comenzar un expediente de matrimonio en el Registro Civil de Barna, donde están señalando juras —un trámite que se debe hacer para conseguir la nacionalidad española— para 2021, explica Juan Pablo, un gestor que aguarda su turno para entrar en el Registro. Dos colas se forman a diario ante las puertas del edificio de Plaza de Medinaceli: los que pueden entrar sin cita previa —los menos, para inscribir nacimientos y defunciones— y la otra, con cita previa, que puede llegar a Correos. “Hasta hay riñas a veces”, se protesta el guarda de seguridad de la puerta.
La percepción generalizada es que lo que depende de la Administración central marcha peor que lo que es gestionado por la Generalitat. Conforme el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión, el cincuenta y cinco con cuatro por ciento de los preguntados piensa que la Administración pública del Estado es mala o bien malísima, frente al treinta y 7 con cinco por ciento que opinan lo mismo cuando se pregunta sobre la catalana.
algo que se puede querer de una ojeada cuando se consigue entrar. En las oficinas del INSS de Barcelona trabajan 874 funcionarios, conforme datos facilitados por esa Administración. De ellos, “la mayor parte”, según un portavoz, lo hacen de forma presencial. En cuanto a si hay algún control del rendimiento de los que teletrabajan, la misma portavoz destaca que no se imponen mínimos de tramitaciones “porque la casuística es muy variada y hay medios del control del desempeño pues las herramientas de teletrabajo están monitorizadas”.
La Administración de la Seguridad Social reconoce que no se dan tantas citas anteriores como anteriormente de la pandemia, algo que obedece a “que deben ser más separadas para eludir cualquier peligro sanitario”.
La percepción que tienen los trabajadores de la Administración central es muy, muy diferente. De entrada, los sindicatos mayoritarios apuntan que la mitad del personal prosigue teletrabajando. Y denuncian que las disminuciones de las plantillas, que arrastran desde los últimos años, no ha hecho más que agudizar la situación en la pandemia: “Hay organismos que no están preparados y no tenemos los bastantes recursos tecnológicos, pero lo más grave es que se ha retrasado la incorporación de nuevos trabajadores”, explica Neus Moreno, de CC OO. “Si hay nuevos derechos para la ciudadanía y exactamente los mismos funcionarios, no hay duda de que se colapsa todo”, añade.
Cree asimismo que es evidente la complejidad de muchos procedimientos telemáticos, tanto para el ciudadano que hace un trámite para el propio funcionario, y mantiene que es a la Administración a quien le corresponde solucionarlo. Además, se trata de una plantilla en gran parte con edades superiores a los sesenta años: en el caso del SEPE son el 15 por ciento del personal y un veintidos por cien entre los de la Seguridad Social. cita previa extranjería palma
Los planes del Gobierno central de que un par de millones de empleados públicos trabajen desde sus casas de forma definitiva puede complicar todavía más el panorama. Los sindicatos apuntan que los recursos materiales no son los convenientes y que las herramientas informáticas con las que han trabajado durante la pandemia son débiles.
En el caso de la plantilla de funcionarios de la Generalitat, desde CC OO se reconocen “incidencias” para tener cita anterior para el servicio de ocupación (SOC) porque ciertas oficinas están cerradas, en tanto que no cumplen los requisitos de seguridad. En contraste a los primeros meses de la pandemia, con un 75 por cien de la plantilla teletrabajando, ahora apuntan que es un tercio.
Jubilaciones/ERTE. María afirma que vive en un bucle desde hace un par de meses en los que procura hacer una consulta sobre su jubilación: “Vas a el sitio web, donde intentas aclararte para tener una cita previa y asimismo hay un teléfono. No hay forma. El día de hoy, ya agotada, he venido a la oficina [la de Pare Claret] para poder ver qué me afirmaban y me han ante este papel con un Código QR para tramitar la cita anterior a través de una aplicación. Desde junio estoy procurando, además de esto, contactar con el SEPE para que me dejen de abonar el ERTE por el hecho de que ya trabajo. Ha habido días que he estado media hora al teléfono contestando a un robot y tampoco lo he conseguido. El gestor también lo comunicó, pero nada”.
Prestación paternidad. Toni se dirigió a una oficina de la Seguridad Social de Barna en el mes de agosto y le explicaron que debía pedir telemáticamente la cita previa: “Necesitaba asimismo el certificado digital y me señalaron que debía hacer presencialmente un trámite en una oficina, lo que me sorprendió. Me dieron cita previa telefónica, para el 29 de septiembre. Me llamaron un día antes, no vi la llamada y ahora me han pospuesto la cita telefónica para el catorce de octubre. Y ya irán un par de meses sin cobrar”.
Número de la Seguridad Social. Se requiere en cualquier oferta de trabajo. Edwin lleva un par de meses intentado hacer ese trámite: “Al principio me dieron un número de teléfono mas no respondían jamás. Me han prorrogado la tramitación de la solicitud del derecho de asilo hasta junio del año próximo y con ese sello, en teoría, ya podría hacer el trámite. Tengo la cita telefónica para el 7 de octubre pero no sé si soportará la oferta de trabajo”, explica.
Permiso de vivienda. Steven está en la cola de una oficina de extranjería del camino de Sant Joan para recoger el pasaporte. Le han rechazado el asilo y ahora desea gestionar el permiso de residencia: “No hay forma de lograr una cita anterior, es imposible contactar telemáticamente para hacerlo. Me afirman que si voy a ciertos locutorios y pago, lo conseguiré. Me resisto a hacerlo pero no sé...”