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madrid
“El Gobierno nos condena a la ilegalidad”, “vergüenza” o “no más maltrato institucional” son algunos de los chillidos que ha podido escucharse este viernes en la puerta de la Oficina de Extranjería, en la calle Silva de la villa de Madrid. Allí se han concentrado múltiples decenas y decenas de personas migrantes para exigir a la Delegación del Gobierno en la capital española que les facilite citas previas para poder gestionar la documentación que precisan para poder desarrollar aspecto básicos de su vida como trabajar, cobrar el paro o bien inscribir a sus hijos en el instituto.
No se quejan de los requisitos y la enorme burocracia para tramitar o bien renovar sus permisos de vivienda, que asimismo, sino de algo mucho más simple. Sólo desean que alguien les afirme el sitio y la hora al que tiene que acudir con sus papeles para poder ejercer su derechos. Conforme denuncian, desde hace algo más de un año, el sistema para pedir la cita previa para realizar cualquier trámite, dar documentación o bien renovar los permisos de residencia es telemático, a través de Internet, pero hace bastante tiempo que tienen serias contrariedades para lograr una.
“Antes venías a la oficina, aguardabas y te daban la cita presencialmente. Ahora es imposible, no las dan y así no podemos vivir”, lamenta Salah En-Amerouni, ciudadano marroquí de 34 años cuyo permiso de residencia de un par de años ha caducado hace varios meses. “He recorrido todas y cada una de las oficinas de Extranjería de la capital española y hay forma. Estoy desesperado”, afirma, apoyado sobre 2 muletas tras una operación que le sostiene todavía de baja.
En-Amerouni está casado con una ciudadana española y es padre de un pequeño de doce años, asimismo con nacionalidad de España. Por eso tiene un permiso de vivienda y de trabajo que, ahora, no consigue renovar. Pero no por el hecho de que no reúna los requisitos, sino porque, simplemente, nadie le atiende. “Tengo todos los papeles, voy a las oficinas con ellos pero no sirve de nada sin cita”, explica. De ahí que, En-Amerouni es un inmigrante en situación irregular desde hace 6 meses. “Y prosigo sin tener cita. Me da miedo salir a la calle porque la Policía me puede detener y me puede deportar a Marruecos. Me estoy volviendo ido con esta situación. Me entran ganas de llorar sólo con explicarlo”, afirma, con los ojos ya empañados.
A su lado, Chibueze Nicholas se muestra sorprendido con la concentración. “No sabía que había nada organizado. Yo había venido el día de hoy a la oficina a liarla hasta el momento en que me diesen un cita”, reconoce este nigeriano de cuarenta años, con un enfado que a nadie podría sorprender dada su situación. Lleva meses procurando conseguir su turno para renovar su tarjeta de residencia. cita previa para huella “No lo he logrado y ha pasado el plazo para renovar”, se queja. Las consecuencias han sido tan drásticas para él que ahora está viviendo en un albergue. “Sin la tarjeta no he podido regresar a trabajar. Me he quedado sin trabajo. Pero tampoco puedo solicitar el paro por exactamente la misma razón. No tengo ingresos y no puedo pagar el alquiler”, arguye mientras que muestra su ya inútil tarjeta de vivienda y golpea contra ella sus papeles.
Hace 14 años que llegó a España y nunca ha tenido antecedentes ni problemas, enfatiza Nicholas. “Llevo nueve años cotizando y trabajando, y ahora, por este trámite tan simple, estoy en un arduo problema, esto ilegal”, agrega. Últimamente se divorció y el juez ha establecido que debe abonar la conservación de su hijo. “¿De qué manera pagaré si no puedo hacer nada? Es una situación indigna. Me conozco ya todas las oficinas, pero es misión imposible. No pedimos ninguna ayuda ni ningún subsidio, solo queremos que alguien nos atienda para renovar los permisos”, sostiene.
"Sin cita no hay derechos", gritan los migrantes en la Oficina de Extranjería de Madrid.- JAIRO VARGAS
Tanta es la desesperación de estas personas que hay quien está dispuesto a rentabilizarla, prometiendo citas veloces que ellos han conseguido anteriormente, o abogados sin demasiados escrúpulos que ofrecen sus servicios para ahorrarse este trámite inacabable. “Es común, me han ofrecido adquirir la cita. Un conocido me dio dos teléfonos de abogados. Llamé a uno y me pedía más de cien euros. Se supone que pedir cita es un derecho gratuito”, sostiene Nichola.
Alberto Borda, de la Asociación Apoyo, también demanda esta circunstancia. “En Internet, con una busca veloz, aparecen un gran número de gestores que ofrecen estas citas a cambio de dinero. Ese mercadeo de citas no habría emergido si estas personas pudiesen acceder al sistema”, desgrana.
Según este activista, entre los trámites más frecuentes que precisan de esta están la solicitud de permisos de vivienda por arraigo, la inscripción de menores, la solicitud de permisos para estudios o prácticas, la reagrupación familiar o bien las renovaciones de permisos. “Son aspectos esenciales y estas personas tienen ahora si vida paralizada con consecuencias nefastas”, resume. “Son personas que no pueden ejercer sus derechos por un bloqueo administrativo que absolutamente nadie explica. No sabemos por qué razón se dan tan pocas citas, pero parece obvio que, si no ha aumentado el número de solicitantes y si hace algo más de un año el sistema iba aproximadamente bien, hay una intención de complicar los trámites necesarios para su integración en la sociedad”, advierte.
Gilma Martínez, durante la protesta por la falta de citas para efectuar trámites de Extranjería.- JAIRO VARGAS
A Gilma Martínez, hondureña de cuarenta años que ha conseguido recientemente la nacionalidad de España, le urgía tanto lograr una cita a fin de que sus hijas pudieran seguir estudiando en la universidad, que decidió abonar por ella. “Lo ofrecían en un locutorio, me costó cincuenta euros, porque solicité una urgente. Una normal la venden por 30 euros. Ellos están todo el día metidos en la página web, saben cuándo hay citas y cuándo se acaban”, explica. Pero de poco le sirvió.
Lleva dieciseis años en España, trabajando en el servicio familiar, “muchas veces sin contrato y sin cotizar a la seguridad social. Por eso me costó tanto lograr papeles”, afirma. Sus hijas llegaron a España siendo menores y, merced a los permisos de su madre, consiguieron la tarjeta comunitaria de vivienda. Ahora han cumplido los 18 años y sus permisos de vivienda ya no dependen de los papeles de Martínez. “Tienen que tramitar sus permisos y, para eso precisan citas, mas es muy difícil”, insiste. Cuando decidió pagar, tuvo que esperar tres meses hasta el momento en que su hija pudo acudir a la ventanilla para empezar los trámites. “Le faltó un papel. Iba a hacer prácticas en una compañía, mas se confundieron en un documento y no pudo realizar el trámite. Ahora tiene que regresar a esperar durante meses a lograr otra. Va a perder las prácticas”, ilustra, agobiada.
Desde la Delegación de Gobierno en la capital española reconocen a Público la existencia de “dificultades”, si bien no han podido concretar las razones por las que estos ciudadanos, con todos sus papeles en regla, se ven en esta espiral que les priva de lo más básico.
Según Borda, la única medida que Delegación del Gobierno había tomado llegó el jueves. “Publicó una nota informando de que iba a habilitar dos horarios para pedir vez para pedir el arraigo”, sostiene. Sería a las 12.00 horas y a las veinte horas. De esta manera, exponía el Gobierno, se evitaba que la gente tuviese que estar entrando en la página web a todas horas para probar suerte y se lograría atenuar la reventa de citas. Al mediodía de este viernes, ha explicado Borda, tan solo uno de los migrantes concentrados pudo iniciar el trámite por medio de la página web. Ni tan siquiera pudo terminarlo de forma exitosa.