Atrapados En La Oficina De Extranjería: "soy Español Y Mis Hijos Dominicanos Se Han Quedado Sin Papeles Porque No Me Dan Cita"

madrid

A Melo le ha llegado una factura del hospital por haber atendido a su hijo mayor. Y al pequeño no le permiten federarse para poder jugar al fútbol. Su padre, de origen dominicano, consiguió la nacionalidad de España, mas sus hijos están enfangados en un limbo burocrático, pendientes de una cita que les permita residir legalmente en este país. Y darle patadas a un balón. Y que te curen sin que te cobren.

“Me da más brea tramitarles la documentación que haberlos traído a España”, se queja este cocinero de 45 años, residente en un pueblo del norte de la capital española. “En noviembre expira el visado de los niños y, si no consigo antes los papeles, el problema se hará más grande”.

Los hijos de Melo, de 13 y quince años, llegaron en junio con visados de vivienda para reagrupación familiar en régimen comunitario. Su progenitor preparó toda la documentación para solicitar en una Oficina de Extranjería la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea, un paso previo para gestionar en comisaría la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).

“No pude dar ni el paso inicial, pues no conseguí que me diesen cita. Luego, me quedé sin trabajo y no podía solicitarla, puesto que tener un contrato laboral era uno de los requisitos de la petición. Y, desde el instante en que volví a emplearme hace dos meses, he vuelto a la carga, mas tampoco ha habido manera”, se queja Melo. “En resumen: en este tiempo no conseguí que me atendiesen. Soy de España y mis hijos se han quedado sin papeles”.

Una situación kafkiana

“No conseguimos que la Oficina de Extranjería los convocaran exactamente el mismo día para que pudieran asistir ambos pequeños. abogado reagrupacion familiar Hasta que se le acabó el contrato laboral y no tuvo la ocasión de continuar intentándolo. Un galimatías administrativo que hace sufrir a la gente sólo a fin de que le den una cita, porque entonces comienza el período de tramitación”, denuncia su letrada, Wendy Garrido, miembro de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de la villa de Madrid (APAEM).

Afortunadamente, Melo ya tiene otro trabajo, aunque a lo largo de un tiempo sus hijos atravesaron una situación kafkiana, que podría agravarse a finales de año. “Pasó tanto tiempo buscando una cita que se quedó en paro, algo que no le sucedería si la Administración fuera más diligente. En caso contrario, los pequeños ya tendrían hoy los papeles”, protesta Garrido, persuadida de que el sistema de obtención de citas está perjudicando a muchos extranjeros y nacionalizados, como le sucede a su usuario.

¿Qué sucede si los críos no obtienen los papeles a tiempo? “Pasarían a estar en una situación irregular. Por poner un ejemplo, no podrían abrir una cuenta corriente, ni federarse a un club deportivo, como le ha ocurrido al pequeño, pues le exigen la Tarjeta de Identidad de Extranjero”, añade la abogada. “Si el padre volviera a quedarse sin trabajo, no perdería sus derechos como ciudadano de España, mas los pequeños no podrían conseguir la tarjeta de vivienda, porque el progenitor debe justificar que cobra un salario y puede afrontar su manutención”.

Concentración ante las dependencias del Área de Trabajo e Inmigración bajo el lema 'Sin citas no hay derechos'.

Silvia Díez Jordão, letrada experta en extranjería y miembro de APAEM, asimismo critica el proceso. Explica que los trámites más sencillos pueden efectuarse mediante internet o bien de la ventana única, pero cuando se trata de vivir o trabajar en el país, las gestiones son cuesta arriba. “Cuando son presenciales y se carece de cita, no hay forma humana de avanzar, lo que impide el acceso de los ciudadanos al ejercicio de sus derechos”, critica.

La abogada recuerda que se he ha encontrado con denegaciones de la solicitud de la tarjeta de vivienda de familiar de ciudadano de la UE pues la persona que pretendía vivir con los suyos legalmente tenía un contrato temporal. “No vale cualquiera. Si bien, con la precariedad laboral, los empleos no solo son eventuales sino más bien también precarios y con bajos sueldos, lo que merma las concesiones”, agrega Díez Jordão. “Por no charlar de los largos plazos de tramitación, que en algunos casos se extienden hasta los cinco meses”.

“Correr con los pies atados”

“¿Hay alguna razón oculta por la que la Administración no concedan ciertas citas? ¿Es sólo una cuestión de demanda? ¿Acaso de falta de personal?”, se pregunta la letrada de Melo, quien reconoce que llegó a abonar una considerable suma de dinero a un locutorio a fin de que le facilitara llegar hasta la ventanilla. “Lo hice por el hecho de que no había manera de fijarla y estaba agobiado, pero al final no me sirvió de nada: el trámite que efectuaron fue equivocado y luego no me devolvieron lo que les había pagado”.

Resultado: sus hijos, fruto de una relación precedente, corren el peligro de quedarse desprotegidos si no logran la cita, el paso inicial para regular su situación en España. “La Administración no es consciente de que, mientras tanto, la vida normal de las personas continúa. De modo que, como le sucedió al propio Melo, pueden perder el empleo y quedarse sin la posibilidad de efectuar la solicitud”, explica Silvia Díaz.

“Es como correr con los pies atados”. La metáfora podría apropiársela el hijo menor, quien debe aportar abundante documentación para jugar al fútbol en un club federado, desde el permiso de residencia de sus progenitor hasta su contrato de trabajo. Algo que no podría haber hecho a lo largo del tiempo que su padre estuvo parado.

El crío necesita la Tarjeta de Identidad de Extranjero, pero para acceder a ella necesita superar múltiples trámites. “En cambio, si asistes a la sede electrónica, verás que no hay citas disponibles. Es el mantra de cada día”, se queja la letrada, quien ironiza sobre la agilidad de las distintas administraciones. “Sin embargo, si tienes que presentarte en Hacienda, sí que te convocan con celeridad…”.

Funcionarios desbordados por la carga de trabajo

“Los curritos de la Administración que se dedican a percibir y gestionar los trámites de Arraigo (regularizaciones) y de Régimen Comunitario en la villa de Madrid es de hastío”, explica un miembro de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de la capital española (). “Están hasta las narices de la carga de trabajo. No hay gente suficiente, porque no se vienen cubriendo las bajas, ni las jubilaciones, desde la época de los recortes por la crisis”.

El miembro de APAEM, acostumbrado a lidiar con las barreras a las que se encaran los demandantes, asegura que “en la práctica hay entre cuatro y cinco personas por Oficina de Extranjería atendiendo al público”, lo que les reporta un “complemento concreto de atención al público” de unos 8.000 euros por año. Se refiere a los auxiliares administrativos, puesto que los administrativos, según él, reciben “a partir de doce euros al año, cuando sólo hacen trabajos de control y estadístico”.

Sin embargo, critica el abogado de APAEM, “todos los empleados reciben ese complemento, si bien no atiendan al público, incluyendo los cargos responsables”. Por este motivo, la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid se pregunta “qué sentido tiene destinar ese dinero inútilmente a esas personas, en lugar de emplearlo para solucionar esta situación que arrastramos desde hace dos años”.

Cartel en una Oficina de Extranjería que, paradójicamente, señala las personas que no se han presentado a una cita.

También alude con sorna a un cartel presente en las oficinas de Extranjería que cifra las personas que no se han presentado a una cita, por lo que aconseja cancelarla en el caso de que no puedan presentarse a ella. “Así, otra persona podrá acudir en su lugar”, sugiere el aviso.

“Le pasan la responsabilidad al solicitante extranjero”, queja el miembro de APAEM. “Además de no contestar a la realidad, dado que computan todas y cada una de las citas dadas para la provincia, en vez de separarla por oficina y por trámite”.

“Necesito trabajar ya mismo”

Melo cruza los dedos para poder arreglar la situación de sus antes de que les caduque el visado, lo que dejaría, según él, eludir el pago al centro de salud que atendió al mayor. “En el Infanta Sofía me han dicho que no deberé abonar la factura que me mandaron si regularizo a los niños”, agrega el cocinero, quien insiste en que el pequeño se ha visto obligado a colgar las botas en los partidos oficiales. “Y si quieren hacer un viaje de estudios fuera de España, por servirnos de un ejemplo, tampoco podrán”, le secunda su abogada.

Wendy Garrido relata otros casos que llegan a su despacho. Parejas de españoles o españolas que no pueden currar porque no obtienen una cita para lograr la tarjeta de vivienda de familiar de ciudadano de la UE. “En la Seguridad Social no les dan el alta, aunque tengan la resolución aprobada, si no tienen la tarjeta en la mano. Y, de esta forma, corren el riesgo de perder su permiso de trabajo”, lamenta la letrada. “Ni pueden abrir una cuenta en el banco, ni tan siquiera ser persona. Y si los trámites se eternizan y caducan los papeles, les bloquean sus cuentas hasta que consiguen la tarjeta de residencia”.

“Hay bastante gente que me dice: Yo necesito trabajar ya mismo, no puedo aguardar 7 meses. El inconveniente es que se desesperen y dejen de luchar por la documentación o, directamente, se vayan del país”, agrega Garrido, quien advierte de que los atajos para lograr una cita pueden suponer otro perjuicio para los solicitantes. “Porque hay gente que paga el dinero y luego se da cuenta de que no le han concedido la que le correspondía, como le sucedió a Melo”.

Sin citas no hay derechos

El bloqueo burocrático ha llevado a la Asociación Apoyo y a la Coordinadora de Distritos a convocar este viernes una concentración ante las dependencias del Área de Trabajo y también Inmigración de la calle Silva, 19, cuyo edificio alberga asimismo la sede central de la Oficina de Extranjería. Bajo el leimotiv Sin citas no hay derechos, los afectados denunciarán “el de la carencia de citas”, según reza el comunicado, que critica el óbice para realizar los trámites de regularización administrativa reconocidos en la .

“Es ya frecuente tardar más de 5 meses en conseguir una cita para solicitar la autorización de vivienda temporal por arraigo social, o bien la regularización de menores nacidos en España, o la reagrupación familiar… Y, sin esos documentos, las personas extranjeras no tienen los mismos derechos que las españolas. La falta persistente de citas en la Oficina de Extranjería de la capital española genera una violación silenciosa de derechos humanos”, añade la nota.

Los convocantes esgrimen casos de que perdieron la oportunidad de regularizar su situación tras una una espera que se dilató demasiado tiempo, lo que provocó que caducase su documentación o bien que sus potenciales empleadores dejasen de demandar sus servicios. “Dificultar el acceso”, agrega el comunicado”, “es levantar una nueva frontera invisible para estas vecinas y vecinos de nuestros barrios”.

Melo sigue esperando, mientras que su paciencia se marcha consumiendo día tras día. “Cuesta tan tanto fijar una cita que me da la sensación de que la Administración nos pone trabas a propósito”, se lamenta, entre la esperanza y la resignación. “Seguiré insistiendo, pero ahora resulta imposible”