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Salvador Carnicero () / Arturo Martín ()
Madrid // La en las Oficinas de Extranjería genera tal angustia que Abdul, un guineano vecino de Lavapiés, pagó este mes de octubre 400 euros para conseguir una. Sin citas no hay papeles, y sin estos, los migrantes no pueden acceder a un permiso de trabajo o bien al sistema sanitario, entre otros muchos ejemplos. Despachos de abogados y locutorios mientras paralelamente colectivos como la Red Interlavapiés se hacen cargo de facilitar estos trámites de forma altruista.
La educadora social Maite Zabalza es amiga de Abdul y, además, es parte integrante de este colectivo vecinal "a favor de los derechos de las personas migradas". Junto a otras 5 compañeras, ha logrado en el último año entre treinta y cuarenta citas para que sus vecinos formalicen su situación legal en España. Conforme el Ministerio del Interior, en lo que va de año llegaron a España de manera irregular prácticamente veintitres y seiscientos personas. Todos estos migrantes precisan legalizar su situación, mas la mayor parte no los lograrán y, como consecuencia, van a ser criminalizados o deportados.
Abdul fue una de esas personas para las que la Red Interlavapiés procuró conseguir esta cita, pero debido a su "sofocación", por último terminó comprando este servicio gratuito en "el mercado negro". De la misma manera que él, cientos de extranjeros desprovistos de una cita y de dinero para conseguirla pueden ejercer su derecho a pedir residencia o asilo merced a personas como Zabalza.
Maite Zabalza recibe a porCausa en una cafetería próxima al Centro de Servicios Sociales Pablo Neruda de Vallecas, su sitio de trabajo. cita previa para tarjeta de residencia Esta activista y trabajadora social se muestra orgullosa de estar acompañando a sus "amigos y vecinos" en este trámite: "Cada cita ya es una situación ganada, una lucha, una conquista", resalta.
El equipo de seis personas en el que participa Zabalza ha conseguido obtener prácticamente cuarenta citas para sus vecinos extranjeros en el último año. La cifra no es baja precisamente por la ausencia de demanda (, más de 2 puntos porcentuales sobre la media española), sino más bien por una disfunción administrativa: "Hasta hace un año el sistema te facilitaba la primera cita libre. Podía ser en el verano de dos mil veinte, pero tú ya tenías tu cita y sabías que no tenías que procurarla", expone Zabalza.
El colapso del sistema dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social también responde a un "recorte claro" de personal, opina Zabalza. Hay dos Oficinas de Extranjería para toda la Comunidad de la capital española y en cada una trabajan simultáneamente "dos funcionarios". "No hay interés ni una voluntad política de que puedan acceder a los permisos", denuncia esta activista.
"Hay diez peticiones en casuísticas diferentes para renovar un permiso de trabajo, de las que 5 no ofrecen citas normalmente", explica Zabalza, mientras que recuerda que la escasez de estos procedimientos comete "otra barrera en el día a día, otra frontera invisible": el acceso al sistema sanitario. "No pueden ir al médico como cualquier otra persona", denuncia, y asegura que "antes de dos mil doce sí tenían acceso al médico y ahora no".
La ha sido testigo de que, si hace un año las citas eran lejanas, ahora son prácticamente inexistentes. Según cuenta Zabalza, estas son algunas consecuencias del colapso de la web de Extranjería: una colombiana perdió un puesto como docente en la Universidad Complutense al no poder renovar su permiso de trabajo a tiempo y un bebé natural de España aún no ha podido ser escolarizado ni está dado de alta en la Seguridad Social.
Tras un año de reclamaciones al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y al , este colectivo ha puesto en marcha la campaña #SinCitaNoHayDerechos. La respuesta recibida es, conforme Zabalza, que "se ha debido delimitar este sistema" porque "una persona cogía la cita representando a otra persona", algo que la activista tilda de "humillante". "Nos habíamos organizado en función de las necesidades de las personas. Si una persona no domina el idioma, lo normal es que un amigo saque la cita por él", sigue. "Que nos digan que el sistema funciona de esta forma de mal por nuestras actitudes es criminalizar y echar la culpa de todos los problemas a la migración", concluye.
Estas trabas administrativas, según esta educadora social, son parte de políticas europeas "de opresión" que no solo no dejan el acceso seguro a los países de destino, sino que sobre todo nutren "vías de mafia y comercio a todos los niveles", tanto en las pateras del Mediterráneo como en las calles de la capital.
La educadora social describe una realidad "racista" y cíclica, que criminaliza al migrante por el mero hecho de buscarse la vida. "El ingreso de los extranjeros supone millones de euros por año que no se reconocen", asegura: "Todo lo que aporta la migración a las arcas de España en la Seguridad Social y en las tasas es muy, muy alto", pero, en cambio, "se criminaliza la migración y está mal visto facilitarla. Tienen que estar huyendo o bien escapando", narra.
Los permisos de arraigo pueden solicitarlos los migrantes que llevan tres años viviendo en España, pero además hay otros requisitos: "La Ley de Extranjería les solicita tener un contrato a jornada completa e indefinida", expone Zabalza. "Cuando lo tienen y desean acceder a solicitar el permiso de vivienda, se hallan que no hay citas disponibles en el sistema". Zabalza lo califica de "": "Es un sistema racista, transgresor de los Derechos Humanos y muy impropio con las personas", remata.
A pesar de todas y cada una de las trabas y de estas situaciones, Maite Zabalza atisba una esperanza en el futuro: "Estamos en un mundo globalizado y todos somos uno", asevera optimista. Aunque cree que"se están agudizando los mensajes y el discurso racista y xenófobo", conserva optimismo para meditar que "tarde que temprano" la ciudadanía aceptará que "la migración es una riqueza". Va a ser entonces cuando haya "políticas razonables que podrán entrar a situarse en la realidad", espera.
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