El Colapso De Las ComisaríAs Bloquea Los TráMites De Los Ciudadanos Extranjeros

Los inmigrantes en España enfrentan una carrera de obstáculos para formalizar sus papeles. A las , se aúna el colapso de las comisarías que solo atienden presencialmente y mediante citas previas. Conseguirlas supone, en el caso de Madrid y Barna, pasar semanas entrando cientos y cientos de veces en la página web o bien pagar entre 20 y 200 euros por un servicio que habría de ser sin coste. “¡No posiblemente en mi despacho, uno de los más grandes de España, estemos en turnos de veinticuatro horas frente a un ordenador buscando citas!”, exclama el director de la consultoría Legalteam, Guillermo Morales Catá. cita previa nie extranjeros “Tenemos cientos y cientos de clientes del servicio pendientes de una fecha para la toma de huellas. Encontrando una al día, ¿cuánto tardaríamos en dar salida a todos?”, cuestiona.

La reanudación de los trámites presenciales tras el fin del estado de alarma ha vuelto a sobrepasar la capacidad de la Policía para atender a los extranjeros. Con miles y miles de trámites acumulados y la capacidad para administrarlos mermada por las demandas de distanciamiento físico, el negocio de las citas anteriores vuelve a estar en auge. Se venden en despachos, locutorios y hasta en Wallapop. “Llevaba 12 años en España sin papeles y al fin conseguí mi permiso, pero estaba preocupado porque solo tenía treinta días para registrar mis huellas y terminé pagando cincuenta euros. Juegan con la desesperación de la gente”, cuenta el salvadoreño Abraham desde Barna.

El sol queja fuerte en la comisaría general de extranjería de Aluche, en la capital de España, un edificio amarillo de ventanas azules en medio de la nada. Bordeando el gran complejo hay estos días cientos y cientos de personas que aguardan colas de varias horas con la única sombra de una parada de autobús. Hay treinta y cuatro grados, no hay donde comprar agua, pero sí un seguro de salud que ofertan dos comerciales a lo largo de la espera. Los policías inspeccionan la cola algunas veces dando instrucciones y despejando las preguntas de los inmigrantes de forma ramplona.

“Intenté conseguir mi cita todos y cada uno de los días desde el 21 de junio, cuando se reanudaron los trámites, hasta el día de ayer [por el martes], que me metí en la página web ciento cincuenta y tres veces. Y a la ciento cincuenta y cuatro lo conseguí”, describe en la cola Noelia Pinto, una hondureña de 35 años que precisa imprimir sus huellas para renovar su permiso de residencia. Tras la gestión aguardará cerca de 40 días hasta el momento en que su nueva tarjeta esté lista y para retirarla deberá pedir cita. Otra vez. La situación sería impensable si se tratase de sacar el documento de identidad, En España hay más de cinco millones de extranjeros, conforme el INE, un sesenta y tres por cien de fuera de la UE.

La Policía asume en unas 150 comisarías de toda España los dos trámites esenciales para los extranjeros que concentran el mayor número de protestas recibidas por este periódico en las últimas dos semanas. Se trata de la toma de huellas, sin la que no se expide la tarjeta de vivienda, y la recogida de esa tarjeta. Ninguna de esas gestiones funciona con normalidad. La Policía tampoco está consiguiendo aceptar las demandas de miles y miles de demandantes de asilo pendientes de hacer la entrevista para formalizar su petición. la villa de Madrid y Barna sufren los mayores colapsos, conforme los abogados consultados. El Gobierno, forzado por la pandemia, en las oficinas de extranjería, mas los trámites que acepta la Policía, con unos recursos limitados, es inexcusablemente presencial.

En la comisaría de extranjería de Gràcia, en Barcelona, la situación se repite. Caras de inseguridad, angustia y frustración. Cincuenta de personas espera en fila con sus mascarillas. El sacerdote Rudolph Makunge, de treinta y ocho años, lleva desde febrero intentando conseguir una cita para la toma de huellas. La consiguió, al fin, para el pasado dieciocho de marzo, mas se canceló y prosigue sin poder conseguir una nueva. “Estoy buscando ayuda porque no sé qué hacer. Intento todos los días”, detalla Makunge, que emigró desde Tanzania. Cree que aquellos con citas anuladas a lo largo del confinamiento “deberían tener prioridad” en el trámite. A unos pasos, un joven se acerca a uno de los guardias de seguridad. Le demanda que no haya citas. “Es mentira, hay cincuenta por día. Hay que tener un tanto de paciencia. O bastante”, responde el agente. La atención presencial está limitada, los funcionarios prosiguen trabajando desde casa y se intenta gestionar la demanda desde una única ventana. Las dudas, por correo electrónico.

“Hace falta habilitar más oficinas. Hay una falta brutal de personal y se sostiene un modelo en el que la Policía está haciendo labores de documentación cuando podrían aceptarlas personal administrativo”, sostiene Fernando García Castro, secretario general de CC OO en el Ministerio del Interior. “Falta personal, pero asimismo más eficacia en la gestión”, afirma Francisco Solans, portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas. “Se puede asignar una cita de forma automática con la resolución de concesión de la residencia, se puede evitar la toma de huellas en renovaciones por el hecho de que ya están en la base de datos y también se podría entregar la tarjeta a un representante y sin necesidad de cita, mas la obsesión de Interior por el control no lo permite”, añade Solans. El Ministerio del Interior no ha respondido a las preguntas de este diario.

Sin la tarjeta de vivienda en vigor en mano , no se puede viajar en general y se complica firmar un contrato con empleadores que no se fían si no ven el documento físico. “El papel en el que dice que nos dan la vivienda no lo admite nadie, quieren la tarjeta”, lamenta Luz Marina Rangel, una venezolana de 54 años, desesperada por un trabajo. La mujer se encomienda a Dios por el hecho de que lleva desde finales de junio intentando recobrar su cita cancelada por la pandemia. “Esto es cruel para nosotros”, lamenta en frente de la comisaría mientras espera a una amiga. “Ella pagó veinte euros por la cita, mas a otra amiga quisieron cobrarle doscientos. Yo no tengo trabajo y no me lo puedo permitir conque sigo intentándolo con el favor de Dios”. “Si la Administración gestiona mal las cosas hay gente que se aprovecha”, mantiene Morales Catá, de Legalteam. “¿Tú te imaginas que esto pasara con los españoles?”.